«BONO SOCIAL» DE LA LUZ

11 de mayo de 2009

La luz no subirá durante 3 años para las familias numerosas, pensionistas y desempleados con menos recursos.

Los hogares con consumos muy bajos de electricidad (con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios), los pensionistas que cobren las prestaciones más modestas, las familias numerosas y los hogares donde todos los miembros estén en el paro se beneficiarán de lo que el Gobierno ha llamado el «bono social» de la luz, un descuento que, a la postre, supondrá que los precios no subirán durante los próximos tres años para esos beneficiarios. Son más de cinco millones de hogares, según una estimación del Ministerio de Industria que, sin embargo, no concuerda por exceso con otros datos recabados en el sector energético.

Una semana después de su aprobación por el Consejo de Ministros, el real decreto ley sobre medidas energéticas para poner coto al déficit de tarifa vio por fin la luz en el Boletín Oficial del Estado. El texto introduce un importante matiz respecto a la redacción que pasó por el Consejo de Ministros la semana anterior: el bono social (o tarifa reducida) se aplicará a los consumidores a partir del 1 de julio en función de su renta.

Concretamente, según el artículo segundo de la ley, "se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar", que determinará el Ministerio de Industria, previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

No obstante lo anterior, una disposición transitoria señala que, en tanto se publique el desarrollo reglamentario, el bono se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 kW (este derecho ya lo establece la tarifa social vigente desde el año pasado y sólo la disfrutan 3.000 clientes); los perceptores de pensiones mínimas de más de 60 años; las familias numerosas y las que tengan a todos sus miembros en paro.

Al no coincidir necesariamente estos consumidores con los que se deriven de la aplicación del reglamento, que tendrá en cuenta la renta (una familia numerosa puede tener ingresos muy altos) las eléctricas tendrían que aplicar en julio el bono social a unos clientes y meses después (cuando se apruebe el reglamento) a otros distintos.

Además de la imposibilidad de que se pueda aplicar automáticamente este bono (que deberán solicitar los interesados, pues las empresas desconocen la situación social y económica de sus clientes), el hecho de que los beneficiarios sean otros meses después, hace augurar un nuevo conflicto como el vivido con el cambio de periodicidad de la facturación de la luz, según distintas fuentes del sector.